Estudio Juridico Berstein

Conductores homicidas bajo efectos de alcohol o drogas, o conduciendo a excesiva velocidad o que hayan hecho abandono de personas, sufrirán penas que ya no serán excarcelables.

Matar detrás del volante dejará de ser un delito excarcelable. Ayer el Congreso votó una ley que endurece las sanciones para aquellos conductores que manejen alcoholizados o superando las velocidades máximas permitidas. También considera un agravante abandonar a las víctimas en la calle. Se estima que en Argentina mueren entre 20 y 25 personas por día en calles y rutas. El proyecto, impulsado por la organización Madres del Dolor, recibió 197 votos positivos. En el texto la ley determina que la pena de prisión será de tres a seis años para los conductores que "se dieren a la fuga o no intentasen socorrer a la víctima, o estuviese bajo los efectos de estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior a quinientos miligramos por litro de sangre -para conductores de transporte público- o un gramo por litro de sangre en los demás casos". También pena el "exceso de velocidad de más de 30 kilómetros por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho". El Congreso votó de esta manera un proyecto consensuado con los familiares de víctimas, desconociendo modificaciones realizadas en el Senado. En diálogo con Clarín, el presidente de la comisión de Seguridad Interior, Luis Petri (UCR), destacó el mérito de las Madres del Dolor: "Que fueron las promotoras de esta ley y que nunca desistieron de su objetivo". Por otro lado, remarcó que se pudo introducir la figura de culpa temeraria: "No es lo mismo el deber de cuidado de un automovilistas normal que el de un conductor profesional, y la ley aborda este tema". Y destacó las cifras oficiales en torno al drama de los delitos viales: "Mueren 20 personas por día, hay alrededor de 7.500 muertes anuales. Es la principal causa de muerte en menores de 35 años. Es vital que el Congreso continúe ocupándose de un tema que es una catástrofe nacional", destacó. Mirá también: Viviam Perrone: “Representa mi lucha desde la muerte de mi hijo” Si bien la ley tuvo un amplio apoyo, con sólo un voto en contra (de Juan Carlos Giordano, diputado de la Izquierda Socialista - Frente de Izquierda) y cuatro abstenciones, las Madres del Dolor batallaron durante doce años para lograr esta ley. En mayo de 2015 había tenido una media sanción en Cámara de Diputados; sin embargo no logró avanzar en el Senado. Allí los familiares denunciaron que el senador Pedro Guastavino (del Frente para la Victoria) "cajoneaba" la ley e impedía su tratamiento. Guastavino había asegurado que el proyecto que salió del Congreso "era malo y cuestionable". En el Senado se modificó el proyecto del Congreso: en vez de colocar una cifra concreta en relación al consumo de alcohol, el texto hacía referencia a "un grado significativamente alto de alcohol. Los familiares se preguntaban quién podría determinar el límite. Petri consideró que la ley puede generar conciencia en los conductores, pero reclamó más controles. Aseguró que, con una ley similar, España logró cambios: "En 1990 en ese país tenían 9.000 muertos al año. Hoy son alrededor de 1.600. Lo que demuestra que la política vial puede generar un cambio real". El caso Trasancos, uno de los hechos emblemáticos de inseguridad vial de los últimos tiempos, hubiera tenido una resolución muy diferente si esta ley no se hubiera demorado tanto tiempo: en 2013, a bordo de un Audi TT, Lucas Trasancos atropelló y mató a Viviana Alvarez y Jacobo Ramos. Los peritos concluyeron que Trasancos conducía por avenida Rivadavia superando "ampliamente" la velocidad permitida, cruzó en rojo el semáforo de la calle Cuenca y además, abandonó a las víctimas. Viviana y Jacobo murieron en el lugar del choque. Todo quedó grabado en una cámara de seguridad ubicada en esa esquina. "Nadie te devuelve a tus seres queridos, pero creo que al menos nos hubiéramos encontrado con algo de paz y de justicia. Estoy conforme con la ley que se votó porque va a generar conciencia", le dijo a Clarín Adriana, mamá de Viviana. Hasta ahora, la pena prevista para este tipo de delitos es de entre 2 años y medio a cinco años; al ser inferior a tres años, el delito es excarcelable. Con estos cambios, los familiares entienden que los jueces podrían fallar con más y mejores herramientas.